La Comisión Europea presenta una propuesta para acabar con los diésel muy contaminantes

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La comisaria europea de Mercado Interior, Industria, Emprendimiento y Pymes, Elzbieta Bienkowska presentó ayer 18 de marzo, una hoja de ruta para acabar con el legado del Dieselgate, unos 43 millones de coches muy contaminantes que siguen en las carreteras europeas.

Las principales demandas de la propuesta son: obligar a retirar y reparar vehículos diésel muy contaminantes en toda la UE, prohibir la importación de vehículos muy contaminantes, asegurar que todos los consumidores de la Unión puedan ser compensados sin importar en qué país residen, y fomentar la instalación de filtros de partículas en vehículos muy contaminantes. También se hace eco de la necesidad de realizar inspecciones técnicas de los gases contaminantes para detectar posibles fraudes.

Desde que estalló el Dieselgate en septiembre de 2015, la UE ha hecho algunos avances en la regulación de las emisiones de los vehículos puestos a la venta en el mercado común. Pero nada se ha hecho por reparar los vehículos vendidos antes de la entrada en vigor de las nuevas normas en septiembre de 2018.

Estos vehículos, que emiten muchos más gases contaminantes de lo permitido, siguen ensuciando el aire. Por su parte, la industria automotriz -responsable de esta estafa- sigue sin asumir responsabilidades.

Algunos Estados miembros, como Austria o Alemania, han puesto en marcha programas obligatorios de reparación de vehículos afectados por el Dieselgate. Estas medidas consisten bien en la actualización del software o bien en una reequipación del sistema anticontaminación del vehículo. Otros países, como el Estado español, no han dado ningún paso en este sentido.

Nuria Blázquez, coordinadora de transporte de Ecologistas en Acción: “La reequipación de un vehículo diésel con un filtro de partículas puede reducir sus emisiones en hasta un 80 %. Es una medida energéticamente menos costosa que reemplazar el vehículo por otro. Y debe ser asumida por la industria, por lo que no tiene costo alguno para los consumidores. Es una medida socialmente justa que supondría una mejora en la calidad del aire y la salud de la ciudadanía”.